Cachi "cien"

Este Apunte está relacionado con la alegría personal tras el contundente triunfo en las elecciones internar del domingo 14 de agosto pasado, de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, porque resumo esta gestión de poco más de ocho años en dos cosas: la sanción de la ley de Medios para terminar con la corporación del grupo Clarín y el apoyo al revisionismo histórico, por primera vez, desde un Gobierno. A 99 años de la sanción de la ley Sáenz Peña, la norma sigue siendo el sostén de las elecciones democráticas, bajo la tutela del Estado, tarea fundamental para el fortalecimiento de la democracia en la dinámica realidad del Bicentenario de la República Argentina que habrá de coronar 9 de julio de 2016.

Otros tiempos y estilo de hacer política sobrevinieron en la Argentina. El domingo 22 de octubre de 1933, la recién asfaltada Av. Mitre de la ciudad de Avellaneda, cobijó a una multitud que despedida el féretro de Juan Ruggiero, conocido como “Ruggierito”. Encabezaba el cortejo el entonces intendente local, Alberto Barceló, quien había sido diputado y senador nacional conservador. Era un jefe comunal de látigo en mano, implacable, violento y propulsor del fraude electoral. Fue intendente entre 1909 y 1917 y volvió a serlo en 1924, 1927 y 1932.
Fue en esos últimos años, que “Ruggierito”, -el pistolero que manejaba el juego clandestino, la prostitución y la violencia en la calles de esa ciudad bonaerense-, también era el encargado de orquestar las trampas electorales.
Eran los tiempos de la llamada “década infame”. Tiempos en que al momento de votar, con la urna rebalsada de votos sin votantes, la autoridad del escrutinio sellaba el documento al grito de “vos ya votaste”.
El pacto que el dirigente radical Hipólito Yrigoyen, cabeza de varias revoluciones armadas para la democratización del sistema y el entonces presidente de la Nación, Roque Sáenz Peña (Doc9), propulsor de “la revolución por las urnas”, rubricado en octubre de 1910, fue el primer paso para la sanción dos años después de la ley del voto secreto, obligatorio y universal conocida como Ley Sáenz Peña (Nº 8.871). Sólo votaban los hombres porque las mujeres debieron esperar hasta 1951 luego de la sanción de la ley pertinente de 1947 impulsada por Eva Perón (Doc9).
El sistema funcionó desde 1916 con la consagración de Yrigoyen como presidente hasta 1928 cuando obtuvo un nuevo mandato porque dos años después fue quebrado -el 6 de septiembre de 1930-, por un golpe militar, encabezado por el general José Félix Uriburu, quien implantó el estado de sitio, la ley marcial, disolvió el Congreso Nacional, intervino las provincias, y mandó preso a Yrigoyen a la isla Martín García.
Se reiniciaban así las antiguas prácticas del fraude electoral en tiempos de la llamada Organización Nacional, cuando el gobierno estaba en manos de una elite, aprovechando que la Constitución Nacional de 1853 tenía un vacío explícito en lo referente al sistema de elecciones.
En los años treinta, en tiempos de contubernios políticos, regímenes reaccionarios y negociados escandalosos, la democracia que compartieron Yrigoyen y Sáenz Peña había devenido en votos cantados, votos marcados, expulsión de fiscales, urnas llenas, robo de libretas, desaparición de urnas, entrega de listas antes del escrutinio y empleo de documentos de identidad de personas fallecidas.
El 4 de junio de 1943 un alzamiento militar puso fin a esa década infame.
La revuelta castrense en plena guerra mundial incluyó grandes cambios en su propio seno a partir de la labor de un grupo de militares entre los que se destacó el coronel Juan Domingo Perón quien terminaría imponiéndose a sus pares reaccionarios, a quien al igual que a Yrigoyen lo habían enviado preso a Martín García.
Rescatado por los obreros organizados en sus respectivos sindicatos por obra del propio Perón, en el histórico 17 de octubre de 1945, el 24 de febrero del año siguiente sería elegido presidente al vencer a una coalición de partidos, que contaban con apoyo de la Sociedad Rural, el embajador norteamericano Spruille Braden y hasta de los comunistas del antiperonista Victorio Codovilla.
No hubo fraude electoral en todos esos años de gobierno peronista pero la consolidación democrática sufrió un fuerte mazazo con el golpe de 1955 que tuvo licencia para matar y por ende también para anular por decreto la Constitución Nacional de 1949.
Carente de poder político procuró hallarlo con el llamado a una constituyente en 1957 sin la participación del partido de los peronistas pero los votos en blanco fueron más.
Con el peronismo siempre proscripto y Juan Domingo Perón exiliado, un pacto entre éste y Rogelio Frigerio, suscripto en Caracas, se formalizó el apoyo peronista a la candidatura de Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Intransigente, una de las ramas en las que se había dividido el partido- quien llegó al gobierno al vencer a Ricardo Balbín, candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo.
Frondizi sería derrocado en marzo de 1962. También Frondizi fue a parar a Martín García.
El radical Arturo Illia resultaría elegido con menos del 25 por ciento de los votos, venciendo así al candidato de la llamada Unión del Pueblo Argentino, el ex dictador Pedro Eugenio Aramburu.
Illia gobernó en medio de grandes presiones externas e internas hasta que el 28 de junio de 1966, el titular del Ejército, Juan Carlos Onganía, lo echó de la Casa Rosada con la Policía Federal.
El sueño de un gobierno de veinte años estalló con el Cordobazo, en mayo de 1969, lo cual arrojó del poder a Onganía como sucedería con el general Roberto Levingston, en 1971.
La llegada del general Alejandro Agustín Lanusse –los militares se elegían entre sí- se caracterizó por un duro enfrentamiento con Perón. Sin embargo, Lanusse tuvo que ponerle la banda presidencial a Héctor J. Cámpora en 1973.
Perón volvió el 17 de noviembre de 1972 para acordar con afines y adversarios el proceso que se avecinaría y que terminaría frustrando su muerte, el 1 de julio de 1974, cuando ejercía su tercera presidencia.
La dictadura militar 1976/1983 fue responsable de lo que es hoy tan público como conocido, con sus 30 mil desaparecidos y la colosal deuda externa dejada.
Camino a los treinta años de democracia, en materia de trasparencia en las urnas la mira estuvo puesta más en los métodos de financiación de las campañas políticas que en el propio sistema electoral. Manejo de dinero clandestino y apoyos económicos de empresarios interesados en futuras prebendas del poder son los rasgos más temidos.
La ley 26.571, de INTERNAS ABIERTAS del año 2010 posee una gran modificación en el régimen electoral, que consiste en prohibir que los partidos políticos contraten en forma privada publicidad electoral para ser difundida en los medios de comunicación. Es decir, que los espacios propagandísticos sean asignados por el Estado, mediante la Dirección Nacional Electoral para evitar un recurso que únicamente beneficiaba a aquellos candidatos con alto poder adquisitivo. El 14 de agosto participaron las fuerzas políticas más allá del dinero que dispongan.
La incorporación informática al sistema electoral viene ganando terreno en la Argentina. Difusión digital de los padrones y logística del comicio, carga virtual de los datos para el conteo de sufragios y la comunicación de los resultados, son algunos de puntos más destacados con relación a la implementación del voto electrónico.
Sin embargo, este sistema todavía no superó los miedos que engendra frente al método tradicional. Sólo alcanza recordar el fraude electoral que salpicó al ex presidente estadounidense, George W Bush tanto las elecciones presidenciales de 2000 y 2004.